Fuerza Republicana presentó un un pedido de juicio político para el Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, luego de un informe periodístico publicado por el programa “Periodismo para todos”, conducido por Jorge Lanata durante la emisión de su programa del domingo 18 de Septiembre. "La investigación realizada arrojó una impactante conclusión, se está haciendo uso de los recursos Estatales con fines de fomento y difusión de figuras políticas, contraviniendo todas las normas jurídicas y éticas vigentes", aseguró Ricardo Bussi, autor del proyecto..
La era de la desconfianzaBussi señaló que dentro del citado segmento periodístico, declaró un empleado de la propia Defensoría del Pueblo, Julio Valdez, quien será citado a los fines de ratificar sus dichos. Dicho dependiente afirmó que existen documentos que acreditan la contratación de más de 100 empleados en el ámbito de la Defensoría, los cuales no prestarían servicios para la dependencia, sino que serían utilizados para fines ajenos a los que son objeto de dicha repartición.
El declarante sostuvo: “dichos empleados estarían despeñando funciones bajo las instrucciones del hijo del Defensor del Pueblo, Tomas Cobos, quien milita en una agrupación política de nuestra provincia llamada “Nueva Fuerza del Este”, y tendría aspiraciones de ocupar un cargo en los comicios 2023”.
“Nuestra Constitución nos dice en su artículo 83°, “son deberes del Defensor del Pueblo la defensa, protección de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales y colectivos”. Ahora bien, en base a lo relatado por el propio Valdéz corresponde preguntarnos, ¿Cuáles serían los derechos o intereses que el Defensor está bregando con esta estrategia organizacional?”, afirma y se pregunta el Presidente de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi.
“No hay dudas que claramente los intereses resultan en el presente caso los suyos propios, intentando acreditar los deberes del buen padre de familia y así también asegurar los intereses de su núcleo familiar.
Asimismo, la ley 6644 nos dice también dentro de las funciones y deberes del Defensor del Pueblo, que éste debe velar por el buen orden, decoro y regularidad de la Administración Pública. Claramente el Defensor no cumple ni con el piso mínimo de decoro y buen orden con sus acciones.
La gravedad de lo expresado por el Julio Valdez, quien además asegura contar con pruebas fehacientes que respaldan sus dichos, escala a un nivel intolerable para quien debe velar por los intereses de un pueblo harto y vapuleado por una Administración Pública que solo deja ver su ineficacia e inoperancia”, explica.
“Atravesamos una dura crisis económica con altos índices inflacionarios, tarifas de servicios descontroladas, tasas de actualización de deudas que pulverizan los salarios de los trabajadores, creación de nuevas fuentes de recaudación como lo fue la experiencia del estacionamiento medido en capital, y falta de empleo. Y a pesar de todo esto, no tenemos un Defensor del Pueblo trabajando en la custodia de los intereses de los ciudadanos a quienes debe proteger y en cambio tenemos uno brindado ayuda con propósitos proselitistas”, detalla.
Bussi añadió: “En este contexto, consideramos necesario se esclarezca lo sucedido dada la gravedad de los sucesos relatados en el referido programa periodístico y más aun contando con el testimonio de un empleado de la propia Defensoría de Tucumán. Las conductas ejercidas por el Eduardo Alberto Cobos en su función como Defensor del Pueblo encuadran también en la figura de ´mal desempeño´, la cual debe ser definida y determinada por éste jurado de enjuiciamiento con una investigación exhaustiva y amplia al respecto”
El legislador de Fuerza Republicana insiste en que “la Legislatura debe intervenir a los fines de investigar y aclarar los graves hechos relatados por el propio empleado de la Defensoría del Pueblo Julio Valdez, y lo denunciado durante la difusión del informe periodístico".
“Estamos ante una persona que claramente ha demostrado una impericia técnica grave al utilizar y malgastar recursos delegados para el ejercicio de sus deberes, en fines personales y de sus allegados”, finaliza Bussi.